Mucho han cambiado las estrategias de fraude electoral en el país y se dice, con razón, que entre más moderno sea el sistema que se utilice para contabilizar dichos procesos, más sofisticados serán a la vez los mecanismos a los que acudan los interesados en torcerle el cuello a la voluntad popular. De eso da fe el Valle del Cauca, en mala hora convertido en fortín de los corruptos y violentos, quienes no sólo sembraron allí el terror y la ley de los mafiosos, sino que lo empujaron a un abismo institucional que lo obligó a tener seis gobernadores en sólo dos años.
De esa debacle intenta recuperarse ahora la región, escenario el domingo de elecciones atípicas de gobernador, en las que resultó ganador el candidato de la Unidad Nacional: Ubéimar Delgado, exsenador y exrepresentante a la Cámara, apoyado por los siete partidos políticos de la coalición (la U, Cambio Radical, Liberal, Conservador, Aico, Verde y ASI).
Pero el triunfo de Delgado, por encima de las maquinarias de Juan Carlos Abadía y Juan Carlos Martínez Sinisterra que llevaban cinco años controlando el departamento y la noticia sobre el elevado nivel de abstención (80%), le han bajado el tono a la discusión en torno a un moderno intento de fraude conjurado por las autoridades apenas 24 horas antes de las votaciones.
No era el viejo artilugio de comprar votantes por unidad o el más reciente de sobornar a jurados para que modifiquen los resultados de planillas de menos de 300 votos. Ni el que usaron los paramilitares en las elecciones de 2002 y 2006, que consistió en intimidar a ciudadanos, retenerles las cédulas y obligarlos a votar mediante una zonificación arbitraria para favorecer a ciertos candidatos.
El fraude que se pretendía hacer hace dos días en el Valle era más ambicioso. La idea era penetrar el sistema de la empresa contratada para la transmisión de los datos de los resultados para adulterarlos antes de que salieran de allí. Un fraude informático.
El hecho quedó en evidencia el sábado, cuando la Policía desmanteló un centro de cómputo instalado en el norte de Cali por personal vinculado a las autoridades electorales regionales. Seis personas fueron capturadas y ayer todas resultaron con medida de aseguramiento y cargos por cohecho y concurso para alterar resultados electorales.
Se trata de José Francisco Angulo, técnico operativo de la Registraduría de Bogotá; Alina Martínez, empleada de la Registraduría delegada y registradora ad hoc para Jamundí; Luis Enrique Forero Téllez, exconductor de la Registraduría Nacional, y Adriana Lucía Castro.
El de Castro es el caso que más ha llamado la atención de las autoridades, pues es secretaria asignada por la Registraduría Nacional ante la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Tanto el registrador, Carlos Ariel Sánchez, como el presidente del CNE, José Joaquín Plata, aseguraron que Castro no había sido asignada a misión alguna en Cali y que no hay razón para que esté vinculada con esa elección.
De hecho, el presidente del CNE hará hoy una rueda de prensa, a las 10:00 a.m., para dar detalles acerca de las labores que Castro cumple en la entidad. Dirá que si es hallada responsable de algún ilícito tendrá que afrontarlo a título personal.
Ayer, el comandante de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, informó que en la casa de María del Pilar Yangona, secretaria ejecutiva del movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), que respaldaba la candidatura de Francined Cano, fueron hallados $45 millones en efectivo y dos pasaportes del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra procesado por narcotráfico y recapturado la semana pasada, luego de que un juez le concediera el beneficio de excarcelación.
Precisamente hacia Martínez apuntan las dudas de algunos de los investigadores del caso, como quiera que su influencia sobre la política local sigue siendo elevada y no es la primera vez que lo asocian con escándalos de votaciones. Aunque este sí es el más sofisticado.
fuente elespectador.com
fuente elespectador.com
